20 años del accidente del Metro de Valencia: 14 años para sentar en el banquillo a los responsables
El camino hacia la justicia: catorce años de instrucción
El próximo 3 de julio de 2026 se cumplen veinte años del accidente del metro de València. Veinte años desde aquel mediodía en que un convoy de la Línea 1 descarriló a las 13:03 cerca de la estación de Jesús de Valencia, provocando 43 víctimas mortales, — 21 de ellas residentes en Torrent — y 47 heridos. Veinte años desde el accidente de metro más grave ocurrido en España.
Pero este aniversario no es solo una fecha para mirar atrás. Es también una ocasión para recordar lo difícil que fue llegar a la verdad judicial y la incomprensión y falta de apoyo que recibieron las víctimas del accidente. Porque la justicia, en este caso, no llegó sola. Hubo que pelearla durante años, contra la indiferencia institucional, contra el archivo judicial, contra la opacidad y contra una administración autonómica más preocupada por controlar el relato que no le perjudicase electoralmente que por esclarecer lo sucedido.
Tuve el honor de dirigir una de las acusaciones particulares que contribuyó a sentar en el banquillo a los responsables de la seguridad de la circulación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Fue un trabajo arduo, técnicamente complejo y emocionalmente devastador. No solo por la magnitud de la tragedia y el sufrimiento de las víctimas, sino por las enormes dificultades que acompañaron cada paso del procedimiento.
Durante años, las víctimas y sus familias tuvieron que enfrentarse a una investigación penal llena de obstáculos. El procedimiento fue archivado en varias ocasiones, reabierto otras tantas y sostenido gracias al tesón de quienes se negaron a aceptar que todo pudiera cerrarse sin depurar responsabilidades. Hubo más de 10.000 folios de procedimiento, catorce años de instrucción y una sensación permanente de estar avanzando cuesta arriba luchando contra quienes tenían la sartén por el mango.
No fue solo un accidente: fue un fallo de sistema
Desde el inicio defendimos que no estábamos ante una fatalidad inevitable, ni ante un hecho que pudiera explicarse únicamente por la conducta del maquinista. Lo que había detrás era una deficiente gestión de la seguridad en una actividad de alto riesgo como el transporte ferroviario de viajeros.
FGV no había desarrollado acciones preventivas eficaces ni controles adecuados para minimizar los riesgos. No existía un sistema eficiente de identificación, análisis y evaluación de los peligros propios de la circulación ferroviaria. No se habían determinado de forma adecuada los niveles de riesgo asumibles ni las medidas necesarias para reducirlos. Y, pese a tratarse de un sistema de circulación guiado, con largas distancias de frenado, se permitió que la seguridad final del convoy dependiera en exceso de la pericia del conductor.
Tres factores de riesgo eran evidentes: la velocidad, la curva pronunciada en la que se produjo el siniestro y la dependencia del factor humano. Y, pese a ello, no se adoptaron las medidas técnicas disponibles para impedir que un error humano pudiera transformarse en una catástrofe.
Ese fue el núcleo de nuestra acusación: la existencia de riesgos previsibles y evitables, conocidos por quienes tenían responsabilidades en la seguridad de la circulación, y la falta de implantación de medidas eficaces para neutralizarlos.
Un procedimiento opaco lleno de zancadillas
Lo más doloroso del proceso no fue únicamente su duración. Fue la sensación de que las víctimas tenían que luchar también contra el silencio institucional y contra una opacidad que dificultaba conocer la realidad de lo ocurrido.
La falta de colaboración de la Generalitat Valenciana y las dificultades que encontramos durante la instrucción convirtieron el procedimiento en una carrera de resistencia. Cada avance exigía un esfuerzo desproporcionado. Cada reapertura era una victoria parcial frente a la tentación de cerrar el caso sin escuchar todo lo que debía escucharse y sin practicar todas las diligencias necesarias.
Durante demasiado tiempo, el foco se desplazó hacia trabajadores que poco podían aclarar sobre las decisiones estratégicas de seguridad. Sin embargo, lo esencial era determinar qué habían hecho —y qué habían dejado de hacer— quienes tenían la responsabilidad de diseñar, controlar y auditar el sistema de seguridad de Metrovalencia.
Conseguir que declararan como investigados directivos de FGV fue un punto de inflexión. Supuso dejar atrás una investigación limitada y empezar a mirar hacia los niveles de decisión donde realmente se podían haber adoptado las medidas que, con toda probabilidad, habrían evitado el accidente.
La condena: una reparación parcial, pero necesaria
Tras más de catorce años de instrucción, el procedimiento concluyó con la condena de responsables de la seguridad de la circulación de FGV. La sentencia reconoció aquello por lo que tanto se había batallado: que existió una gestión deficiente del riesgo y de la seguridad, y que esa deficiencia tuvo consecuencias devastadoras.
La condena no devolvió la vida a las 43 personas fallecidas ni borró el sufrimiento de los heridos y de sus familias. Ninguna resolución judicial puede hacerlo. Pero sí permitió algo esencial: que quedara reconocido que el accidente no fue simplemente una desgracia inevitable, sino el resultado de una cadena de omisiones, dejaciones y decisiones equivocadas en materia de seguridad.
También permitió cerrar, aunque solo parcialmente, una etapa de enorme desgaste para las víctimas. Durante años, muchas familias no buscaron venganza. Buscaron verdad, reconocimiento y garantías de no repetición. Querían que se dijera en una resolución judicial que la gestión de FGV había sido nefasta y que aquello debía servir de advertencia para todos los gestores de servicios públicos.
Porque cuando una administración presta un servicio esencial, especialmente uno que afecta a la vida y a la integridad física de miles de personas, la seguridad no puede ser una formalidad ni una declaración vacía. Debe ser una cultura, un sistema eficiente, una práctica diaria y verificable.
Veinte años después: memoria, justicia y responsabilidad
Veinte años después, el accidente del metro de València sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. No solo por la tragedia humana que supuso, sino por todo lo que vino después: la opacidad, los archivos, las reaperturas, la resistencia institucional y la extraordinaria soledad con la que muchas víctimas tuvieron que recorrer el camino hacia la justicia.
Este aniversario debe servir para recordar a quienes murieron, para acompañar a quienes sobrevivieron y para reconocer la dignidad de unas familias que no se resignaron. Pero también debe servir para recordar que la justicia necesita perseverancia, independencia y valentía, especialmente cuando enfrente no hay solo personas concretas, sino estructuras de poder que prefieren que determinadas verdades no salgan a la luz.
Sentar en el banquillo a los directivos responsables de la seguridad de FGV no fue fácil. Costó más de catorce años, miles de folios, incontables recursos y una enorme carga personal para las víctimas y para quienes las acompañamos jurídicamente. Pero era necesario.
Era necesario para que el dolor no quedara sepultado bajo el expediente. Era necesario para que la verdad no se diluyera en explicaciones cómodas. Era necesario para que la seguridad ferroviaria dejara de concebirse como una cuestión secundaria. Y era necesario para que quienes gestionan servicios públicos entiendan que su responsabilidad no termina en la apariencia de normalidad, sino que empieza precisamente allí donde existe un riesgo previsible para la vida de las personas.
Veinte años después, la memoria de las víctimas exige algo más que recuerdo. Exige compromiso. Compromiso con la verdad, con la transparencia, con la seguridad y con una justicia que, aunque tarde demasiado, no renuncie a llamar a las cosas por su nombre.
