El Derecho a un Juez Imparcial y la Apariencia de Imparcialidad: juicio justo y percepción social
El derecho a un juez imparcial como garantía del proceso justo
En el ámbito del derecho, uno de los principios más relevantes es el derecho a un juez imparcial, que se encuentra en el núcleo del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.
Este principio no solo incide en la justicia real, sino también en su percepción por parte de la sociedad y debe guiar el proceso judicial erigiéndose en piedra angular del proceso justo y tiene su reflejo doctrinal en las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que subrayan la importancia de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, tal como se establece en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de obligado cumplimiento en nuestro país conforme al artículo 10.2 de la Constitución española.
Imparcialidad judicial y apariencia de imparcialidad
Dos aspectos son los más críticos a la hora de valorar la imparcialidad judicial:
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- el contacto del juez con el material fáctico relacionado con el caso
- la existencia de manifestaciones por el juez o tribunal que hagan sospechar de la existencia de una opinión formada o prejuicio frente al acusado
El hecho mismo de estar en contacto con material instructorio antes del juicio puede generar prejuicios sobre la culpabilidad del acusado, poniendo en riesgo la imparcialidad objetiva, esencial para mantener la separación entre la función instructora y la función juzgadora, de tal manera que los actos de instrucción que se dirigen contra una persona específica pueden influir en las impresiones del tribunal respecto al acusado, afectando así el proceso de deliberación y sentencia e incluso en ocasiones en el desarrollo del propio juicio.
La jurisprudencia del TEDH sobre la imparcialidad judicial
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enfatizado que la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la justicia es esencial para el prestigio de los tribunales en una democracia.
Casos como «Piersack» y «Cubber« subrayaron que las apariencias son importantes; si existen dudas sobre la imparcialidad de un juez, este debe abstenerse o puede ser recusado.
La sentencia «Hauschildt« y el caso «Delcourt« reforzaron esta idea, recordando que no solo se debe hacer justicia, sino también parecer que se hace.
La posición del Tribunal Supremo español
El Tribunal Supremo español también ha abordado este tema, recordando en una sentencia del 3 de noviembre de 1995 que el objetivo de la recusación es excluir al juez no porque sea parcial, sino para eliminar cualquier sospecha de que pudiera llegar a serlo.
Estos principios se han visto reafirmados en otras sentencias, como la del 23 de octubre de 1993 y el caso «Pfeifer» ante el TEDH.
El caso Cardona Serrat vs España: un hito en la jurisprudencia europea
Una de las sentencias más ejemplares respecto a esta cuestión es la del caso «Cardona Serrat c. España” que resolvía una demanda que nosotros mismos interpusimos contra el Estado español.
En esta demanda planteábamos la cuestión de la imparcialidad judicial a resultas de la condena de nuestro cliente.
Dos miembros del tribunal que dictaron la sentencia habían participado previamente en decisiones durante la fase de juicio oral que generaba dudas sobre su imparcialidad.Ambos magistrados, como consecuencia de la suspensión de una de las sesiones del juicio oral por causas ajenas al acusado, tomaron la decisión de reducir a prisión provisional a nuestro cliente y en dicha decisión hicieron comentarios que suponían un evidente prejuicio ya que mostraban una opinión sobre su culpabilidad.
Recalcábamos en nuestra demanda que no se trataba de que el Tribunal hubiese contestado a un recurso sobre la situación de prisión provisional, sino que, motu proprio dos magistrados de esa Sala habían decidido en fase de juicio oral la modificación de su libertad provisional por la de prisión, antes de ser juzgado.
A la vista de esta actuación judicial abusiva, presentamos una recusación de ambos magistrados para que fueran apartados del juicio oral, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó la recusación.
El resultado fue que la Sala estaba compuesta por estos dos magistrados que, durante el juicio hicieron preguntas al acusado que mostraban su evidente prejuicio, preguntas efectuadas incluso después de nuestro interrogatorio, lo que supuso la constancia por nuestra parte de la oportuna protestada por su tendenciosidad evidente.
Se produjo la anunciada condena lo que nos llevó a plantear la cuestión de la imparcialidad judicial vía recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue rechazado, y en vía de amparo ante el Tribunal Constitucional que también desestimó nuestra demanda.
Y, finalmente, a demandar al Estado español por vulneración del principio de imparcialidad judicial.
La condena a España por vulneración del derecho a un juez imparcial
El TEDH finalmente sí estimó todas nuestras pretensiones y condenó a España al estimar que el concepto de «apariencia de imparcialidad» exige que los jueces no solo actúen sin prejuicios ni intereses personales, sino que también ofrezcan suficientes garantías externas para que cualquier persona razonable pueda confiar en que sus decisiones son justas y objetivas.
Esto implica que cualquier situación que pueda generar dudas razonables sobre la neutralidad de un juez debe evitarse o corregirse, sin que sirva de excusa que el sistema judicial de un país permite la revisión de la situación de prisión provisional en cualquier fase procesal previa a la firmeza de la sentencia ya que, según demandábamos, y así lo reconoció el TEDH, los Estados deben organizar su sistema judicial para garantizar la imparcialidad objetiva y subjetiva de los jueces.
Alcance y consecuencias de la sentencia del TEDH
Esta sentencia, que obligaba al estado español a iniciar el proceso de anulación de la sentencia, es emblemática, ya que pone el énfasis en que el comportamiento del juez puede ser un indicio de sesgo y que incluso las apariencias pueden tener una importancia significativa y que la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos es fundamental para una sociedad democrática.
La sentencia del TEDH en el caso Cardona Serrat vs España marcó un hito en la interpretación del derecho a un tribunal imparcial en España y ha tenido reflejo en numerosas sentencias como la STS 609/2018, 29 de noviembre de 2018, STS núm. 784/2012 de 5 de octubre o la STS 167/2020, 19 de mayo de 2020.
Conclusión: justicia imparcial y confianza social
En conclusión, el derecho a un juez imparcial es una garantía esencial que protege la integridad del proceso judicial y asegura que la justicia no solo se administre, sino que también se perciba como tal por la sociedad. La apariencia de imparcialidad es tan crucial como la imparcialidad real, y su respeto es indispensable para mantener la legitimidad y confianza en el sistema judicial.
