Nuestro sistema judicial y el proceso justo
El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el derecho a un juicio equitativo, lo que implica la necesidad de un proceso justo y transparente. Este principio es tributario al previsto también en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El sesgo de confirmación en la instrucción penal
Si unimos ambos preceptos, el derecho al proceso justo en el orden penal, podría definirse como el derecho a acceder a un tribunal que estudie el proceso en el cual esté inmerso el ciudadano que le permita, de manera efectiva, reivindicar sus derechos y que garantice el equilibrio en igualdad de armas entre la búsqueda de la verdad y el respeto escrupuloso de los derechos del investigado y, en consecuencia, a la práctica de la prueba necesaria para su defensa.
¿Es esto posible en nuestro proceso penal y en el desarrollo del trámite de instrucción e incluso en la preparación del juicio? En la inmensa mayoría de los casos, no y esto es debido a que la instrucción y en buena medida el juicio oral, se desarrolla bajo el prisma del sesgo de confirmación que, de forma sencilla, se define como la tendencia a interpretar las evidencias como confirmación de las propias creencias o teorías.
En las investigaciones policiales esta tendenciosidad manifiesta lleva a la autoridad policial a interpretar la información obtenida de forma que se ajuste a sus creencias preestablecidas sobre el caso.
Este evidente sesgo de confirmación provoca que los investigadores ignoren las pruebas que contradicen la tesis que pretenden demostrar, rechazando o menospreciando toda información que no se ajuste a sus creencias, esto les lleva a rechazar toda línea de investigación que consideren innecesaria.
Consecuencias: un juicio desequilibrado
El problema es que esta perversa postura se transmite en muchos casos a los fiscales y a los jueces de instrucción en un sistema que cada vez delega más en la autoridad policial la investigación de un proceso penal que, en vez de velar porque los jueces garanticen el proceso justo, en realidad lo que supone es una concesión de una suerte de patente de corso para que el proceso penal se convierta en un proceso policial inquisitorial donde, per saltum, la investigación y las conclusiones policiales son lo que priman en la preparación del juicio que, además, ellos mismos sostendrán con su testifical en el plenario.
En este maremágnum parece obvio que el principio del juicio justo, equitativo y transparente, en el cual se velase por los derechos del investigado poniéndolos al mismo nivel que la obligación del Estado de descubrir la verdad, queda arrinconado o en el mejor de los casos solo sirve para llenarse la boca de afirmaciones pseudogarantistas que no se aplican realmente.
Este sesgo confirmatorio en el que se ha convertido el proceso penal implica que un juez de instrucción, además de investigar guiado por la autoridad policial, lo hace para encontrar aquello que pretende buscar y demostrar y ello supone que a la hora de decidir sobre las pruebas propuestas por la defensa del investigado lo haga exclusivamente desde su visión, en definitiva desde el prisma confirmatorio de sus ideas preestablecidas y rechace, habitualmente, todas aquellas diligencias de prueba que la defensa estima pertinentes, simplemente porque, como es evidente, tienen un enfoque distinto, que no es otro que sostener la inocencia de su cliente, punto de vista contradictorio que debe ser respetado por ser esencial para el proceso justo.
La necesidad de creer en el proceso justo
En definitiva, el juez instructor de la mano de la policía y apoyado en la fiscalía desarrollan la instrucción al margen de los criterios de la defensa, así es imposible asegurar que, en la práctica, el sistema judicial español garantice el proceso justo que debería ser la esencia de toda instrucción, el problema es que para que esto se dé no bastan resoluciones, leyes, doctrina, que de eso nos sobra en nuestro país. Para que se garantice hace falta creer en ello, todos, jueces, fiscales, policiales, abogados y la ciudadanía en general también, de otro modo, seguimos con un salto inabarcable entre la realidad de la justicia y lo que reflejan nuestras leyes.
Nuestro compromiso
Desde Julio Sánchez.-Abogados luchamos porque nuestros clientes obtengan el juicio justo y equitativo que se merecen de forma independiente y bajo la solvencia de más de treinta años de experiencia.
