OTRO PAPELÓN DE TORRES-DULCE

OTRO PAPELÓN DE TORRES-DULCE

Una mujer española presentó demanda ante el juzgado de San Lorenzo del Escorial solicitando que se exhumaran los restos de sus parientes que descansan en El Valle de los Caídos y se procediera a constatar su muerte violenta, a identificarlos y a devolverlos a la familia. El juzgado archivó la demanda, decisión confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, sin haber realizado unas “mínimas” diligencias de investigación.
La demandante presentó recurso de amparo alegando que había sufrido una violación en su derecho a obtener una tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley, al haber archivado su demanda sin efectuar diligencia alguna.
El Tribunal Constitucional inadmitió su demanda porque no había justificado en el apartado específico la “especial trascendencia constitucional” de su caso.
Pese a eso el fiscal emplazó inicialmente al Tribunal a que huyese de razones “excesivamente formalistas y rígidas” ya que la mujer detalló suficientemente a lo largo de su demanda la relevancia de que el TC se expresara por primera vez sobre la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas, los efectos de la Ley de Amnistía o los convenios internacionales que instan a España a acometer una investigación judicial efectiva y a reparar a las víctimas.
Esta postura del Ministerio Público expuesta por escrito hace menos de  un mes por el fiscal encargado sostenía la necesidad de que el Alto Tribunal se pronunciara puesto que los tribunales están dando respuestas “dispersas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mínimos parámetros interpretativos” sobre un tema de “relevancia jurídica y social” y para ello solicitaba que no se inadmitiese a trámite el recurso y se fijasen criterios respetuosos con nuestro ordenamiento y que diesen seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a esta cuestión.

Sin embargo el fiscal del Tribunal Constitucional Manuel Miranda, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha presentado un escrito de desistimiento en el que solicita la retirada de su escrito solicitando se fijara doctrina sobre el deber de los jueces españoles de investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Resulta incomprensible el cambio de criterio de la Fiscalía en esta cuestión olvidando su deber de velar por el respeto a la legalidad y haciendo dejación absoluta de su obligación de proteger a los ciudadanos frente a las decisiones arbitrarias de los Tribunales y más en este caso en el que la demandante solo pretende que se reconozca la muerte violenta de sus parientes y la posibilidad de darle digna sepultura dónde sus descendientes así lo estimen. En fin otro papelón de Torres-Dulce que deja escapar una buena oportunidad para contribuir a despolitizar una cuestión de mera justicia.

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